Dado que el Consejo de Ministros celebrado ayer, en pleno puente de San José, aprobó la denominada “Ley de Economía Sostenible” en la que se incluye la inquietante Ley Sinde – que permite el cierre de páginas web en cuatro días -, y que ésta ha sido ratificada con cambios mínimos a pesar de los informes consultivos que abogaban por redactarla de otra forma, reproducimos el manifiesto que colgamos en su día y que apoya todo el equipo de retaguardiaclub.
El siguiente texto no habla ni de Relaciones Internacionales ni de Economía Política, campos de análisis de retaguardiaclub. Por ello, pedimos por anticipado disculpas a todas las personas que siguen el presente blog.
El equipo de retaguardiaclub ha decidido postear y difundir el siguiente manifiesto contra el apartado del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado recientemente por el Gobierno de España y en el que se proyecta limitar y restringir los derechos de la ciudadanía en la red, ya que cree que la red debe permanecer libre, abierta y apolítica.
Desde este espacio web queremos reafirmar que, tal y como expone el manifiesto, las industrias musicales y culturales están obsoletas y deben buscar otro modelo de negocio que no se base en el control de copias, dado que este enfoque es imposible de llevar cabo en internet a menos que se haga limitando derechos fundamentales de la ciudadanía.
Asimismo, queremos transmitir a gobiernos e instituciones que se debe aceptar la existencia de la red y la digitalización de los usos poblaciones hasta sus últimas consecuencias. Es hipócrita defender (e incluso a veces exigir) la expansión de las nuevas tecnologías y a la vez intentar ponerles límites y frenos.
.retaguardiaclub.
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
